El protocolo que el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires aplica cuando los estudiantes toman un colegio ordena a las autoridades de cada establecimiento, entre otras acciones, identificar a las familias que no retiran a sus hijos de la protesta y fotografiar los daños que producen al "patrimonio escolar", para luego "elevar" esa información a la Procuración General.

El protocolo de intervención antitomas, aprobado a través de la Resolución 643/MEGC/18 del 14 de febrero de 2018, ordena a los directivos de los colegios "labrar un acta" y enviarla a la "máxima autoridad" del Ministerio de Educación porteño, es decir Soledad Acuña, que luego "elevará" el "expediente administrativo para intervención de las áreas de la Procuración General".

Y agrega "que ante la situación de toma de establecimientos educativos de gestión estatal, que impiden el normal dictado de clases e implican la pérdida de gobierno por parte de las máximas autoridades, resulta menester asegurar con absoluta prioridad la efectivización del derecho a la integridad de los niñas, niños y adolescentes, mediante la corresponsabilidad de las familias ante dichas situaciones".

El acta que se labre debe incluir los "datos de los padres o de quienes ejerzan la responsabilidad parental que no hayan retirado a los jóvenes a su cargo del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto".

También debe proporcionar un "relato de los hechos por los que se efectivizó la toma y el estado del patrimonio escolar, documentado con fotografías" que, de ser posible, estén "certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos individualizados".

Además, los directivos deben "dejar constancia" de que no se pueden dar clases ni realizar tareas administrativas debido a la toma.

De acuerdo al protocolo, al comenzar la protesta, las autoridades de la escuela deben dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME).

También tienen la obligación de citar "de manera inmediata" a los familiares responsables "para que retiren" a los jóvenes del colegio.

En tanto, al finalizar la protesta, los directivos del establecimiento deberán labrar otra acta, que también será elevada a la ministra, consignando el "estado detallado del patrimonio escolar al momento de cesar la toma del establecimiento educativo, que además deberá ser documentado fotográficamente".

El protocolo, además, pide a los directivos "identificar los daños en el patrimonio que podrían haberse ocasionado por la toma" del establecimiento.