La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó este lunes ser querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal, confirmaron a Télam fuentes judiciales y del entorno de la titular del Senado.

Se trata de una causa que se tramita en el juzgado que conduce Marcelo Martínez de Giorgi y que se encuentra delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a esta agencia las fuentes consultadas.

Ese expediente cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la Vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos.

La presentación para que la vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada este lunes por la tarde por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.

Los abogados que representan a la expresidenta quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia.

En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.

A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran tramitando por separado.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título "hay que pudrirla?".

La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.

"Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje...", decía allí uno de los miembros de Revolución Federal.

En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma "Caputo Hermanos", según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.

Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.