El Gobierno busca acelerar las negociaciones parlamentarias para avanzar con sus principales reformas antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, aunque el calendario político y las diferencias internas sobre la reforma electoral condicionan los tiempos.

En ese contexto, la mesa política deberá ordenar las versiones contrapuestas sobre las posibilidades de conseguir los votos para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Mientras un sector del oficialismo considera que los plazos se acortan y advierte sobre las dificultades para reunir los respaldos necesarios, otro mantiene el optimismo y asegura que existen posibilidades de alcanzar una mayoría en el Congreso, aunque reconoce que la intención es conseguir la mayor cantidad de adhesiones posibles.

Las diferencias también se expresan en la negociación con los mandatarios provinciales. En particular, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, mantiene reparos sobre los principales puntos de la iniciativa.

Cornejo no es el único. Desde el entorno de los gobernadores radicales anticiparon que no acompañarán la eliminación de las PASO, aunque estarían dispuestos a respaldar una eventual suspensión.

"Los acuerdos todavía no están cerrados. Ellos se resisten y nosotros tampoco vamos a otorgar todo. Hay que encontrar el punto intermedio", señaló un funcionario al tanto de las conversaciones, quien reconoció que los mandatarios del Norte Grande tampoco dieron garantías de acompañar la eliminación del sistema de primarias.

Del otro lado, los sectores más optimistas del Gobierno, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, sostienen que el oficialismo podría reunir los respaldos necesarios para avanzar con la iniciativa.

En ese marco, una fuente que sigue de cerca el poroteo legislativo estimó que La Libertad Avanza podría alcanzar al menos 39 votos en el Senado. El cálculo contempla los 21 integrantes del bloque libertario, diez radicales, tres legisladores del PRO, cuatro senadores vinculados a los gobernadores Ignacio Torres, Claudio Vidal y Rolando Figueroa, y al senador Carlos "Camau" Espínola.

Sin embargo, la discusión sobre la reforma electoral todavía no tiene una fecha definida para su tratamiento, lo que agrega incertidumbre a una agenda legislativa que el Gobierno pretende acelerar antes del cierre del año parlamentario.

A las dificultades para cerrar acuerdos se suma la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, que concentrará buena parte de la actividad de la Casa Rosada y obligará a reordenar los tiempos de la gestión.

Esta semana la mesa política no se reunió. Tampoco lo hará la próxima con motivo de la presencia del Sumo Pontífice, que desplazará temporalmente la agenda política y legislativa.

En paralelo, el Presupuesto 2027 aparece como otro de los temas centrales de la agenda legislativa y podría ser tratado durante la última semana de noviembre.

En medio de las negociaciones todavía abiertas, de las diferencias sobre la eliminación de las PASO y de una agenda política condicionada por acontecimientos institucionales, el Gobierno enfrenta el desafío de ordenar sus prioridades y acelerar los acuerdos para evitar que sus principales proyectos queden postergados hasta el próximo período parlamentario.