El Consejo General de Guerra que investigó el hundimiento del submarino ARA San Juan, sancionó al exjefe de la Armada Marcelo Srur con 45 días de "arresto riguroso" por haber informado en forma “incompleta” al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino, se informó oficialmente.

También dispuso la destitución del capitán de navío Claudio Javier Villamide, exjefe del comando de la Fuerza de submarinos de la Armada.

El Consejo de Guerra está conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo preside un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.

El funcionamiento del Consejo General de Guerra está reglamentado por la ley 26.394 (Justicia Militar) sancionada en 2008, que derogó el Código de Justicia Militar, introdujo modificaciones al Código Penal y Código Procesal (al personal castrense) y aprobó el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros conflictos, entre otras innovaciones.

En el caso de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analizó desde el miércoles 25 de noviembre último, en audiencias celebradas en el Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y responsabilidad frente al hecho del exjefe de la Armada Marcelo Srur (a quien el exministro de Defensa Oscar Aguad le pidió el pase a retiro en diciembre de 2017) y del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.

El Consejo de Guerra también evaluó las acciones y responsabilidades del exjefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del exjefe de Operaciones Carlos Ferraro; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; como también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, capitán de fragata Hugo Correa y capitán de corbeta Jorge Sullia.

La resolución dada a conocer este lunes es la cuarta intervención del Consejo General de Guerra desde que el Congreso derogó el Código de Justicia Militar (a través de la ley 26394), precisaron a esta agencia desde la cartera de Defensa.

La proximidad de la difusión del fallo del Consejo de Guerra generó en los últimos días pronunciamientos de entidades ligadas a la Marina pero también de abogados que representan a familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan.

El Centro Naval, que nuclea a miembros de la Armada retirados o en actividad, difundió un comunicado en el que aseguró que "los marinos están en estado de vigilia por el cercano desenlace que juzga a un grupo de oficiales por los sucesos ocurridos con el submarino ARA San Juan".

En el comunicado, el Centro Naval planteó que "el único responsable de la navegación segura, del rendimiento de ingeniería, de los disparos precisos (en el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante" y luego señaló, en relación al fallo, que "aguarda que el Consejo de Guerra, en su decisión, resguarde estos principios, valores y votos, porque de otra forma estaría cambiando la esencia de la profesión del marino y la ancestral figura del Comandante en el mar".

También en relación al fallo del Consejo General de Guerra, la abogada querellante Valeria Carreras emitió en las últimas horas un comunicado en el que aseguró que "los militares procesados que están siendo juzgados disciplinariamente por el Consejo de Guerra han desplegado una serie de acciones de presión contra los miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro (jubilación)".

Carreras, junto a sus pares Lorena Arias y Fernando Burlando, representa a la mayoría de las familias de tripulantes en la causa por el hundimiento que tramita en la Justicia Federal de Caleta Olivia y en la que intervino la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

"Indigna a los familiares de esta querella, no sólo las presiones, sino el argumento de las defensas de los imputados, culpando a la tripulación y su comandante por el destino final del submarino, tal como hizo el exministro de Defensa (Oscar) Aguad el 17 de mayo de 2019", señaló la abogada.

Los familiares de los submarinistas fueron espiados por la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia que encabezaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la gestión de Mauricio Macri, tal como denunció el miércoles 23 de septiembre pasado la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Esta denuncia derivó en la apertura de una causa por espionaje ilegal cuyos primeros pasos procesales y medidas de instrucción se realizaron en los Tribunales Federales de Mar del Plata aunque la semana pasada la Cámara Federal de esa ciudad atlántica ordenó el pase del expediente al Juzgado Federal de Dolores.