El Estado nacional se ahorrará $ 23.700 millones que la administración anterior estableció como compensación a las empresas productoras de gas en noviembre de 2019, a días de terminar el mandato presidencial de Mauricio Macri.

Será como consecuencia de la derogación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que anoche obtuvo la media sanción en el Senado, y ahora resta su ratificación de la Cámara de Diputados.

Si bien el DNU 1053 se dictó el 16 de noviembre de 2018, recién un año más tarde se determinó el monto a pagar por las compensaciones, en $ 24.524,71 millones, y el 6 de diciembre, cuatro días antes de iniciarse el gobierno de Alberto Fernández, se pagó la primera cuota de $ 817,49 millones, de las 30 previstas en forma mensual.

En su artículo 7, el DNU estableció que el Estado nacional asumía "el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio".

Un año más tarde, el 14 de noviembre de 2019, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) emitió la resolución 735, en la cual determinó que el Estado nacional debía abonar $ 24.524.715.128,43 a las prestadoras por las diferencias diarias acumuladas (DDA) mensualmente entre el valor del gas comprado y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

El DNU 1053 buscó amortiguar los efectos del acuerdo alcanzado por el exministro de Energía Juan José Aranguren y las gasíferas para dolarizar las tarifas del gas, a principios de 2018.

Previo al decreto, el macrismo determinó a comienzos de octubre de 2018, y tras la devaluación de más del 100% del peso frente al dólar acumulada en el año, trasladar a los usuarios las diferencias del tipo de cambio.

La resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, que en ese momento conducía Javier Iguacel, autorizó a las empresas distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe extra, que significaba un ajuste del 35% promedio, en 24 cuotas, para compensar el impacto de la devaluación, a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.

Las quejas de los usuarios, un frente interno en el Gobierno, y la denuncia penal del fiscal federal Guillermo Marijuan a Iguacel, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, echaron atrás la medida.

La deuda la absorbió el Estado a través del DNU 1053, que en los últimos meses de este año fue cuestionado por organizaciones multisectoriales, sindicales y de defensa de los consumidores, que pidieron su derogación, próxima a efectivizarse.

En paralelo, el interventor del Enargas, Federico Bernal, denunció penalmente a fines de junio último a Aranguren, por aquel acuerdo de dolarización de las tarifas de 2018.

El martes último, Marijuan imputó a Aranguren por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles", en relación con los contratos que fijaron el precio del gas en 2018.

La imputación recayó también sobre el expresidente del Enargas Ezequiel Roitman, el exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía Marcos Pourteau, la exgerente de Legales del Ente Marcela Valdez, y el resto del directorio del organismo regulador.

"Debido al escándalo que en su momento se produjo por la fuerte devaluación de octubre del 2018, el gobierno de Macri decidió trasladar el costo de la devaluación, US$ 393 millones, a todos los contribuyentes mediante afectación del Presupuesto Nacional, a través del Artículo 7 del Decreto 1053/2018", recordó al respecto la actual conducción del Enargas.