El Gobierno nacional anunció hoy que impulsará el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como parte de la reducción de la estructura estatal que decidió el presidente Javier Milei, aunque referentes de la oposición advirtieron que la medida solo puede llevarse a cabo por medio de una Ley, la vía por la cual el organismo fue creado en 1995.

"Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.

El funcionario expresó que la medida responde a uno de los "ideales del Presidente", que "es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos".

"No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones", aseguró el vocero presidencial.

Adorni indicó que el Inadi, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y cuyo objetivo es elaborar políticas políticas públicas a nivel federal para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, "tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país".

"Hay un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a cerrar o desmantelar, ya que nuestra prioridad es que el Estado debe achicarse para reducir el gasto público con el objetivo de bajar impuestos, que es otra de las metas de mayor relevancia del Gobierno", comentó Adorni.

El vocero presidencial aclaró que el cierre del Inadi no será inmediato, y sostuvo: "Nos encantaría que esté cerrado hoy, pero eso no puede ocurrir por cuestiones administrativas. En varios casos, (el cierre de los institutos) será por decreto y en otros, bastará con la decisión de cada ministerio. Lo iremos resolviendo instituto por instituto", detalló.

"Dijimos que lo íbamos a cerrar, incluso antes de ser diputados", señaló, en un posteo hecho en la red social X (antes Twitter), la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien recordó un mensaje que había publicado el 4 de enero de 2021 en la misma plataforma: "Hay que cerrar el Inadi. Creado por Ley durante el Gobierno de Menem, es una verdadera cueva de impresentables. Zaffaroni, Lubertino, Morgado, Donda fueron algunos de sus presidentes. Nunca representó al pueblo sino q sirve de herramienta de castigo de los progres. #CierrenElInadi", concluyó en aquella ocasión.

También el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, se refirió a la decisión de cerrar el Inadi, una institución que, comentó "tenía más empleados que el Fuero Ordinario" de la Justicia porteña, donde "se investigan crímenes, violaciones y robos".

"Cuenta con más de 40 oficinas en plena era digital. Ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos...", escribió en su cuenta personal de la red X.

El anuncio oficial se conoció un día después de que el Gobierno prorrogara por 180 días intervención del Inadi y nombrara a María Quiroga al frente del organismo.

La medida fue oficializada este miércoles por medio del decreto 167/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La intervención del Instituto había sido dispuesta en junio de 2011 y prorrogada a través del Decreto 15/2023.

El Inadi fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, por medio de la Ley 24.515 y su primer director fue el periodista Víctor Ramos.

Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención del Instituto entre enero y diciembre de 2023, recordó que el Instituto fue creado "luego de los dos grandes atentados terroristas" sufridos en el país y que tuvieron como blanco la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994. ataques que dejaron un saldo de más de un centenar de muertos.

Pena, en declaraciones al canal C5N, mencionó que el cierre del Inadi estaba incluido entre las reformas que el Gobierno presentó como parte de la llamada Ley Bases, cuyo tratamiento en particular fracasó en la Cámara de Diputados semanas atrás, y afirmó que "para cerrarlo es necesario derogar la ley".

Por su parte, Victoria Donda, exinterventora del organismo, destacó en declaraciones al diario Perfil que, si pretende cerrar el Instituto, el Gobierno "debería recurrir a otra Ley si es que cree un poquito en la democracia".

En el mismo sentido, el diputado nacional Esteban Paulon, del Partido Socialista de Santa Fe, indicó que "el Gobierno no puede tomar unilateralmente" la decisión de cerrarlo si no es por medio de una Ley, e instó a que las "organizaciones defensoras de derechos humanos deben alzar la voz para evitar este atropello inadmisible".

El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, opinó que con la decisión de cerrar el Instituto "el gobierno de Milei va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática" y expresó su "repudio absoluto a esta decisión", hecha pública esta mañana.

Leandro Santoro, integrante del bloque de diputados nacionales de UxP, también criticó el anuncio del Gobierno y se preguntó si las autoridades consultaron "a la comunidad judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país".

El Instituto Nacional contra la Discriminación funcionó al comienzo de sus funciones en el ámbito del Ministerio del Interior, pero luego fue traspasado a la órbita del de Justicia y Derechos Humanos.

Los trabajadores del Inadi habían impulsado una petición en la plataforma Change -que reunió unas 15.000 firmas- para que no se cerrara el organismo.

"El funcionamiento del Inadi tiene su basamento en el cumplimiento de compromisos internacionales que la República Argentina asumió; el respeto y la promoción de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas y es responsabilidad del Estado Nacional", dijeron en la petición y destacaron que desde el año 1997 el organismo "ha trabajado incansablemente para promover la creación e implementación de políticas así como planes destinados a eliminar todas las formas de discriminación".

En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad de Buenos Aires calificó la decisión de "inaudita" y ponderó el rol del instituto al considerarlo "un organismo de carácter federal que cuenta con delegaciones en todo el país".

"Desde ATE Capital reafirmamos el compromiso por las políticas públicas inclusivas e igualitarias que tanto bien le hicieron a nuestro país. No vamos a permitir que nos sigan arrebatando derechos conquistados", indicó el gremio en un comunicado.