El Gobierno prorrogó por un año el plazo de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 815/2022 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

En el mismo, prolongó también por un año la intervención en los entes nacionales de regulación de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), actualmente a cargo de Walter Martello y Osvaldo Pitrau, respectivamente, "hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios resultantes de los acuerdos definitivos de la RTI".

En sus considerandos, el decreto indicó que "la RTI requiere la proyección tanto de indicadores propios de la industria de la energía eléctrica y del gas, como así también macroeconómicos, los que a su vez se encuentran vinculados entre sí".

En ese sentido, puso de relieve "el incremento significativo y generalizado de los precios internacionales de los commodities energéticos, generado por el incremento de la demanda internacional, determinado por el crecimiento de la actividad económica post pandemia y asociado a velocidades incongruentes con las reales posibilidades de los países centrales en sus políticas y planes de transición energética, que generaron un primer salto muy significativo de los costos energéticos mundiales hacia el tercer cuatrimestre de 2021".

"Sumado a ello, es de público conocimiento que el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania determinó una nueva y más significativa suba de los precios internacionales de los referidos productos, especialmente del gas natural licuado (GNL) y del gasoil, commodities a los que debe acceder nuestro país anualmente en el invierno para complementar la producción nacional de gas natural y abastecer la demanda interna invernal tanto de gas por redes como de generación eléctrica por centrales térmicas", puntualizó el DNU.

Papel esencial

Asimismo, remarcó que "los servicios públicos de electricidad y gas desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, por lo cual su accesibilidad resulta indispensable para los hogares".

En ese sentido, indicó que "las políticas tarifarias aplicadas desde 2016 hasta 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incrementos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica".

Por lo tanto, concluyó que "resulta oportuno y conveniente mantener la razonabilidad tarifaria en el actual contexto de recuperación económica y evitar una desarticulación del esquema tarifario que repercuta negativamente en el ingreso disponible de los hogares e implique aumentos considerables en los costos de producción de la industria".

En diciembre de 2020, el Gobierno determinó a través del DNU 1020 el inicio de la RTI "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias".

Además, estableció un plazo de dos años para llevarla adelante "debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas RTI vigentes".

Régimen de Transición

Mientras tanto, el Gobierno decidió que en el marco de la renegociación resultaba conveniente establecer un Régimen Tarifario de Transición (RTT) "como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias".

En este marco, tanto el ENRE como el Enargas celebraron audiencias públicas y aprobaron nuevos cuadros tarifarios para los servicios de energía eléctrica y gas.

Asimismo, el Gobierno, a través del decreto 332/22, estableció en junio último la política de subsidios sociales "protegiendo fundamentalmente a los sectores con menores ingresos, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva, contemplando las distintas realidades y situaciones del universo de usuarios y usuarias".

Así se fijó "un régimen de segmentación de subsidios a personas usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red".