Por la extensión de su mar territorial, la Argentina se ubica entre los 25 países con mayor soberanía marítima del planeta. Nuestro litoral costero supera los 4500 kilómetros y la zona económica exclusiva efectivamente bajo control soberano es de 1,5 millones de km². A ellos debemos sumar los 870.000 km² usurpados por el Reino Unido en Malvinas y demás islas del Atlántico Sur. Se requiere entonces, tal como sugiere la Academia del Mar en sus Pautas para una política oceánica nacional, “una planificación a largo plazo que abarque, en forma coordinada y presupuestariamente sustentable, todas las cuestiones relacionadas con el mar”.

Una actividad clave, en ese contexto, es la pesca, cuyas distintas aristas se analizan en este informe del nuevo canal de DEF en YouTube. Si bien representa apenas el 0,7% de nuestro PBI, la importancia del complejo pesquero ha venido creciendo en los últimos años. Actualmente es el octavo conglomerado exportador argentino. Entre sus productos estrella, destacan el langostino, calamar Illex argentinus y la merluza Hubbsi. La preocupación respecto de la primera de esas especies es la denominada “sobrepesca de reclutamiento”. Tal como explican desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), se llega a esa situación cuando “la cantidad de adultos reproductores que sobrevivieron a una temporada de pesca no es la suficiente para mantener los niveles de biomasa observados en temporadas anteriores”.

Por el lado del calamar, la sobreexplotación y las prácticas destructivas de buques pesqueros extranjeros son el foco de preocupación de organizaciones ambientalistas como Greenpeace y de las propias autoridades argentinas. En diálogo con DEF, el ingeniero ambiental Santiago Dunne advirtió que “la dificultad en la gestión del calamar Illex argentinus reside en que se trata de una especie altamente migratoria y transfronteriza, es decir, que durante su ciclo de vida atraviesa aguas internacionales de distintas jurisdicciones soberanas”. Se estima que entre el 11 y el 35% del stock total de este molusco se encuentra más allá del límite de las 200 millas de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina.

LA DEFENSA DE NUESTROS RECURSOS SOBERANOS

El trabajo conjunto de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Armada confluye en una estrategia de defensa de los recursos del Mar Argentino y, por ende, de nuestra soberanía. “La Armada trabaja con la Prefectura tanto a nivel estratégico como operativo”, señaló, en diálogo con nuestro medio, el capitán de Fragata, Alejandro Gottifredi, jefe del Departamento de Pesca de la Armada. Por su parte, el capitán de Navío, Pablo Bonuccelli, director de Intereses Marítimos de la Armada, añadió: “Mirándolo desde una lógica de asignación eficiente de recursos, la ley establece que las autoridades competentes contribuyan al esfuerzo de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero en la fiscalización y control de nuestro espacio marítimo. Como el control de nuestros recursos marítimos también es potestad del Ministerio de Defensa, el trabajo de ambas fuerzas –Armada y Prefectura– es la manera de integrar esfuerzos”.

Por el lado de la Prefectura, siempre en el marco del Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Erradicar la Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Sistema Guardacostas de seguimiento satelital y geoposicional de los buques permite su monitoreo en tiempo real. “El sistema constituye la principal herramienta para las operaciones de control de las embarcaciones que operan en el Mar Argentino, en el área de Malvinas, la Antártida y en la Hidrovía”, explicó el Prefecto Mayor, Carlos Villarreal, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la PNA. En el caso de la flota extranjera, detalló: “Las embarcaciones siguen el derrotero de las especies. Cualquier error de navegación las puede llevar a entrar en la zona económica exclusiva (ZEE) de nuestro país. Esperan al borde la milla 201 y es ahí donde tenemos que estar preparados para capturarlas y ponerlas a disposición de la Justicia si cometen un delito dentro de nuestras aguas territoriales”.

MILLA 201, USURPACIÓN BRITÁNICA Y LICENCIAS PESQUERAS

La sobreexplotación de los caladeros del Atlántico Sudoccidental es una de la cuestiones más preocupantes. Ahora bien, el experto en el estudio de nuestro espacio marítimo, Horacio Terribile, advierte que “el recurso pesquero es solo una arista del conflicto existente en la milla 201”. En ese sentido, añade este analista, “la pesca integra una larga lista de recursos de poder en el escenario del Atlántico Sudoccidental que, desde una mirada geopolítica integral, es parte del conflicto de soberanía con la Corona británica por Malvinas, las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus aguas circundantes y la Antártida”.

Hasta 1982 –matiza Terribile– el Atlántico sudoccidental había sido una zona de pesca poco explotada y los buques pesqueros tenían la libertad de pescar hasta 15 millas de las islas Malvinas”. El error argentino, según detalla, es haber “resignado la vigilancia y el control” de esa zona y haber mostrado “una inexplicable complacencia ante hechos unilaterales de los británicos”. En particular, se refiere al establecimiento de una zona de pesca: la “Falklands Inner Conservation Zone” (FICZ), en 1987, posteriormente ampliada en 1993 al con la creación de la “Falkland Outer Conservation Zone” (FOCZ), que incrementó sustancialmente el espacio pesquero administrado de facto por los malvinenses. Finalmente, en 1994, la aplicación de la pretendida jurisdicción marítima bajo administración isleñas sumó unos 1900 km² adicionales, ubicados entre las 200 millas de la ZEE argentina y el límite noroccidental de la FOCZ.

En síntesis, grafica Terribile, “en 1994 teníamos en disputa 1,6 millones de km² de aguas circundantes; hoy, con el trazado del nuevo mapa bicontinental argentino, dicha extensión alcanza los 2,6 millones de km²”. En la práctica, se estima que el otorgamiento de licencias pesqueras de manera ilegal, en violación del derecho internacional, representa hoy el 40% del PBI de los kelpers y ha permitido incrementar en 500% los ingresos de la administración isleña desde el fin de la guerra de 1982. Las pérdidas para la Argentina, considerando la imposibilidad de la comercialización final de los productos de esas licencias pesqueras, ascenderían a entre 63.000 millones y 148.000 millones de dólares en las últimas cuatro décadas.

“Dicho statu quo no cambiará hasta tanto el Estado argentino tenga el peso suficiente en el concierto de las naciones para persuadir al Reino Unido de iniciar negociaciones”, completó el investigador consultado por DEF. “La pesca es solo una herramienta más de negociación de la política exterior argentina, aunque bien sepamos que lo que está en juego es el control de los pasos bioceánicos y el acceso a la Antártida”, concluyó.

*Esta nota fue producida por el equipo de redacción de DEF