Desde el 27 de diciembre, cuando comenzó aquí la campaña de vacunación contra el Covid, España aplicó a 173.000 personas -el 0,3 por ciento de su población- las dos dosis, ese pasaporte a la inmunidad contra el coronavirus que tanto esperamos.

Y algo más de un 1.300.000 españoles recibieron, hasta ahora, sólo la primera dosis, aunque algunos lo hicieron de un modo escandaloso: son políticos, alcaldes, funcionarios, militares, sindicalistas y hasta un obispo que, por acomodo, se colaron en la fila de los prioritarios para recibir el pinchazo esperanzador que ahuyente al virus.

Cuando en noviembre anunció el plan de vacunación para España, el ex ministro de Sanidad y hoy candidato a presidente de Cataluña, Salvador Illa, aclaró que los primeros en inmunizarse serían los ancianos que viven en las residencias para mayores, el personal sanitario en general y quienes trabajan en los geriátricos.

Sin embargo, a diario se suman nombres, más o menos conocidos, a la lista bochornosa de quienes se saltearon el protocolo de vacunación con excusas berretas como argumentar que le pusieron el cuerpo a dosis sobrantes que, si ellos no se las aplicaban, estaban destinadas al descarte. De los más de 700 denunciados, sólo cinco renunciaron a sus cargos.

Uno de los altos mandos que no debió haber cedido a la tentación de vacunarse antes de lo que le correspondía fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Angel Villarroya, un rostro conocido para los españoles ya que, durante los primeros meses de la pandemia, solía participar en las videoconferencias diarias que daba el gobierno para informar sobre la evolución del coronavirus en España.

Después de haberse vacunado junto a otros altos cargos del Ejército, Villarroya, de 63 años, renunció.

Otro lamentable gesto fue el del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien se aplicó la vacuna de forma irregular, el 5 de enero, en una residencia para curas jubilados.

En Murcia, el ex consejero de Salud, Manuel Villegas, y otros 400 empleados de la consejería fueron vacunados sin que formaran parte del grupo prioritario y lo mismo sucedió con alcaldes y funcionarios de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Madrid, del País Vasco, de Ceuta, de Galicia.

“¿Acaso cometieron un delito aquellos que se adelantaron a recibir la vacuna cuando todavía debían esperar en la fila?”, se pregunta la sociedad española.

Los juristas coinciden en que el incumplimiento de un protocolo no implica delito ya que no se está faltando a la ley ni hay enriquecimiento de por medio. Pero aseguran: “La conducta no encaja en ningún delito regulado en el Código Penal. No puede castigarse penalmente. Para poderse condenar en el futuro, tendría que reformarse el código”.

España vive días de nerviosismo en torno a las vacunas por las dosis que no llegan y la torpeza de quienes utilizan sus influencias para vacunarse primero. A ninguno se le ocurrió, ni siquiera, evocar como excusa el gesto de Elvis de mediados de los ’50, cuando el rey de rock se fotografió vacunándose contra la polio y logró que miles de jóvenes siguieran sus pasos para ayudar a erradicar esa enfermedad en Estados Unidos.