Familiares de víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 reclamaron este jueves a la Cámara Federal de Casación que actúe con "celeridad" y dicte sentencia en la causa que se sigue al exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando De La Rúa, Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos.

Los familiares pidieron que la sentencia "quede firme y sea de cumplimiento efectivo", en el acto del que participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti y Gabriela Carpinetti, secretaria de Acceso a la Justicia.

Los familiares reclamaron "celeridad" a la sala I del máximo tribunal penal federal del país, que desde el 4 de noviembre pasado, tras una audiencia, quedó en condiciones de resolver si confirma las penas de prisión efectiva impuestas a Mathov y Santos.

Mathov está condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva y Santos a 3 años y 6 meses por el homicidio culposo de tres fallecidos en las protestas que precedieron a la renuncia del fallecido De la Rúa: Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna.

Los familiares de las víctimas Adriana Ochoa, Marta Almirón y María Arena reclamaron "celeridad" y cuestionaron las demoras judiciales, a cinco años del veredicto que condenó a los exfuncionarios del gobierno de la Alianza.

"Queremos cárcel común y efectiva a los que dieron las órdenes", reclamó Arena, al hacer uso de la palabra.

Pietragalla Corti cuestionó que "20 años después no haya nadie condenado" durante el acto en el que también estuvo presente Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora y al que concurrieron representantes de distintas organizaciones sociales.
 

A 20 años de la represión que precedió a la renuncia del fallecido De La Rúa las condenas "no quedaron firmes" pese a que fue "ampliamente comprobada su participación en los hechos"

Los familiares consideraron probada la "responsabilidad" de Mathov y de la "cadena de mando de las fuerzas policiales" que intervinieron en la represión de manifestantes.

"Estos hechos están calificados como una grave violación a los derechos humanos y debe haber una adecuada proporción entre la pena fijada y la gravedad de los hechos", sostuvo el abogado del CELS, Rodrigo Borda, el 4 de noviembre pasado cuando expuso ante Casación.

El abogado querellante reiteró en el acto la necesidad de tener una sentencia firme por lo ocurrido.

Los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la jueza Angela Ledesma, tienen que resolver si confirman estas penas o bien las declara nulas o reduce, como pidieron las defensas.

Borda remarcó que "hace falta" que la Justicia "se pronuncie en forma definitiva" a casi 20 años de los hechos.Las defensas argumentaron que los delitos prescribieron.