La querella que encabeza el sindicalista de la UOCRA Juan Pablo "Pata" Medina, en el marco de la causa que investiga la Gestapo antisindical durante el gobierno macrista, presentó este martes ante la Justicia un pedido de desafuero y detención contra la diputada de Juntos por el cambio y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El pedido de detención que también se extiende al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, organizador de la reunión en el Banco Provincia, y del intendente de La Plata, Julio Garro, fue presentada por el abogado del "Pata" Medina César Albarracín ante el Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

En el caso de Vidal, al pedido de detención se sumó el de desafuero porque la exgobernadora tiene fueros parlamentarios que le impiden ser juzgada.

Ahora, Kreplak, que está objetado por Vidal por entender que no es competente, deberá si resolver si hace lugar a la defensa del gremialista.

A fines de enero Albarracín ya había presentado en la causa un audio en que en el que presuntamente se escucha a Villegas decir que tenían que "terminar" con Medina y que ese tema "lo había hablado con el Presidente (Mauricio) Macri en tres oportunidades".

Albarracín también acompañó un registro extraído judicialmente del celular del secretario de Macri, Darío Nieto, en el que consta un pedido de Villegas "para transmitir una solicitud de audiencia en privado 'del Juez de Quilmes (en posible referencia a Luis Armella) con Mauricio Macri". "Pocos días después de esa fecha, se dictó el procesamiento contra mi representado Medina", planteó el escrito del abogado en aquella ocasión.

El primer imputado del expediente fue el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien en aquella reunión cuyo registro audiovisual fue encontrado en la AFI y entregado a la justicia por la actual intervención de ese organismo- manifestó su deseo de poder contar con una "Gestapo" -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios.

En la reunión, que se llevó a cabo en 2017, entre los entonces funcionarios del gobierno bonaerense, empresarios de la construcción y directivos de la AFI, se elaboraron estrategias para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.