La organización Inquilinos Agrupados presentó este viernes una acción de nulidad y una cautelar para que se suspendan los efectos del DNU del gobierno nacional que deroga la Ley de Alquileres, con lo que las condiciones para los contratos de locación quedan liberadas al acuerdo entre partes.

El DNU 70/2023 deroga la Ley de Alquileres, que desde julio de 2020 regulaba el mercado de alquileres con condiciones para los contratos: duración de tres años y una actualización semestral calculada por la fórmula Hogar, la misma que se utiliza para los créditos Procrear.

Además de derogar la ley, el decreto introduce cambios en el Código Civil y, como resultado, establece que a partir de ahora el plazo de los contratos de alquiler de viviendas es acordado por las partes sin un mínimo legal (y, si no se especifica el plazo en el contrato, será de dos años).

Las partes pueden pactar libremente el ajuste del valor de los alquileres utilizando cualquier índice, público o privado, en la misma moneda del contrato y para la periodicidad de ajustes se otorga libertad, eliminando el mínimo semestral previo.

Los contratos pueden realizarse en pesos o en moneda extranjera, y el inquilino no puede exigir el pago en una moneda diferente a la acordada en el contrato.

Además, las partes determinan libremente las cantidades y moneda de las fianzas o depósitos en garantía, así como su devolución y ya no es necesario inscribir los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"Presentamos una acción de nulidad y una cautelar para que suspenda los efectos del decreto porque es evidente que es inconstitucional por varios motivos", dijo el presidente de IA, Gervasio Muñoz.

Señaló que "hay una regresión total en materia de derechos para vivienda y eso obviamente es inconstitucional; no tengo dudas que lo que va a suceder es que todo contrato que se firme a partir de hoy va a ser nulo y va a regirse por la Ley de Alquileres".

La libertad para acordar entre partes era esperada por el mercado inmobiliario, que señaló a la regulación como la causa en los últimos tres años de una retracción de la oferta de propiedades en alquiler y suba de precios.

Marta Liotto, expresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, dijo a Télam: "Estamos viendo desde las inmobiliarias un fuerte incremento en las consultas, tanto de parte de los propietarios que habían sacado sus inmuebles del mercado, como de parte de los inquilinos".

"Muchos actualmente se encuentran con contratos vigentes o prórrogas que fueron celebradas hace poquito y buscan salir de eso, y llegar a un nuevo escenario para poder dar solución a largo plazo en el problema habitacional", aseguró.

Dijo que "en cuanto a las actualizaciones, lo que se viene manejando en esta nueva etapa y lo que estamos conversando entre las partes es alcanzar el índice de costo de vida, con una pauta del periodo de incrementos de seis meses y en algunos casos trimestral".

El objetivo es acordar "contratos de dos años de duración, con ajustes semestrales y con una línea con el sistema que regía antes de la sanción de la ley; queremos volver al escenario que funcionaba todo y que funcionaba bien y colgar en el arcón de los recuerdos esta nefasta ley que perjudicó tanto al sector", concluyó.