El Gobierno bonaerense tiene por estos momentos a la la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) contra las cuerdas: intimó a la entidad a que convoque a nueva Asamblea General Ordinaria para elegir autoridades bajo apercibimiento de ser intervenida en caso de incumplimiento, por una denuncia sobre irregularidades en reuniones celebradas en abril y mayo del año pasado, en las que se terminó eligiendo la actual comisión directiva.

La resolución donde se explicita esta decisión de la administración Kicillof fue publicada en el boletín oficial del distrito el viernes 21 de abril y le dieron a la entidad 10 días hábiles para que convoque la nueva asamblea, de modo que la UIPBA está, como se suele decir, en “tiempo de descuento”.

En caso de que no haya asamblea en tiempo y forma, la Provincia decretará la intervención normalizadora de la entidad”.

La decisión está basada en una denuncia sobre irregularidades registradas en la reunión de Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria, celebrada en abril y mayo de 2022 y que culminó con la elección de la actual comisión directiva, encabezada por Martin Rappallini, también tesorero de la UIA.

La medida fue comunicada a través de la resolución 3177/2033 firmada por la Dirección de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ariel Giménez.

En la resolución se intima también “a las últimas autoridades registradas de la entidad para que informen a esta Dirección Provincial, con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles, de toda Reunión de Junta Directiva y/o Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria a llevarse a cabo. Ello, a efectos de que concurra a la misma un veedor de esta Dirección Provincial para su fiscalización”.