Mientras el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un listado con los puntos de la ley "Bases" que acepta, los que pretende modificar y los que rechaza por completo, los representantes del oficialismo siguen sin generar un "canal de negociación" formal en el Congreso, pese al documento con el que el radicalismo quiere erigirse como oposición dialoguista y dar "las herramientas justas y necesarias" al Gobierno del presidente Javier Milei.

"Todavía no hay instancias oficiales de negociaciones. Sí extraoficiales, distintos tipos de canales que se ofrecen y van trayendo y llevando otras cuestiones, pero no hay un canal oficial de negociación", dijo a Télam uno de los 34 legisladores que conforman la bancada de la UCR en la Cámara baja.

El bloque radical, que tras dos años de divisiones volvió a reunificarse, dio a conocer la semana pasada un texto de 17 páginas en el que expone a modo de semáforo -en colores rojo, amarillo y verde- cuáles son sus límites, sus concesiones y los temas que quieren modificar de la Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", el proyecto de Milei que contiene más de 600 artículos y que comenzó a debatirse en un plenario de comisiones de Diputados.

"El oficialismo recibió aquellas definiciones en las cuales no estamos de acuerdo y quisiéramos avanzar en una redacción diferente en algunos puntos de la ley, y algunas cuestiones que no vamos a votar bajo ningún contexto. Si no se modifican los amarillos, en una gran mayoría se vuelven anaranjados", remarcaron desde la UCR.

Entre los principales temas en rojo que el radicalismo rechaza están la delegación de poderes del Legislativo al Ejecutivo, la reforma electoral, la suspensión de la fórmula jubilatoria, el aumento de las retenciones a la soja y la privatización de empresas públicas.

Tampoco acompañarán cambios en materia de Defensa, la eliminación del Inadi, del Instituto del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, entre otros. 

"Lo que el semáforo evidencia es un trabajo a conciencia sobre el texto de la ley", indicó el diputado radical Fabio Quetglas, en diálogo con esta agencia.

El legislador también planteó que aún no hay "mesa de diálogo oficial" pero que si, esa instancia "se abre", los puntos amarillos podrían volverse "verdes".

"Creo que hay que abordar el tratamiento pensando en lo mejor para este momento argentino, con responsabilidad y sensibilidad", remarcó.

Quetglas consideró que "el diálogo con los funcionarios" que exponen en los plenarios, como lo hicieron los ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich, (Seguridad) y Guillermo Ferraro (Infraestructura), es, "en general, razonable", por lo que confía en que "la construcción de dictámenes va a poner foco en las observaciones y, naturalmente, abrirá instancias de negociación".

Por su parte, dentro de los artículos en amarillo que el radicalismo pretende someter a discusión están las modificaciones al Régimen de Pesca, al autoabastecimiento en combustibles y a la Ley de Defensa de la Competencia.

También piden cambios en los apartados que modifican organización de las manifestaciones, legítima defensa, la Ley Micaela, Ley de Fuego y juicios por jurados.

En tanto, sí dan el visto bueno, en color verde, a los cambios en la Oficina Anticorrupción, la reventa de entradas, el formulario aduanero, la Ley de Entidades de Seguros, la Ley de Asociaciones Mutuales y en Bienes Personales, en este último caso contemplando su impacto en la coparticipación a las provincias.

El miércoles pasado, un día después de haber presentación ese texto, el presidente del bloque radical, Rodrigo De Loredo, participó del plenario en el Congreso y ratificó que la UCR dará "las herramientas justas y necesarias que necesita un Gobierno para llevar adelante algo que genuinamente ha sido votado por la sociedad".

Pero pese a resaltar que el Gobierno "va a contar con la expresión de la UCR como ha contado siempre Argentina cuando los momentos son delicados", De Loredo criticó "la actitud" del Ejecutivo, al dudar si el oficialismo pretende o no debatir el proyecto de ley.

"¿Quieren efectivamente ustedes que se aprueben estas herramientas legislativas? ¿O hay una idea de que el Parlamento se lleve la marca en una confusión?", señaló.

El oficialismo tiene el objetivo de sesionar el 25 de enero, para lo cual deberá conseguir que 91 diputados de distintos bloques se sumen a dar quórum junto a los 38 legisladores de La Libertad Avanza (LLA).

Pero además del debate en Diputados -y el de la Cámara de Senadores donde luego deberá concretarse su posible sanción-, la UCR tiene cinco gobernadores como parte de otro frente de negociaciones con el Ejecutivo: Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco).

Estos mandatarios, junto a tres del PRO y dos de sintonía con el partido amarillo, conforman el grupo de diez jurisdicciones bajo el ala de Juntos por el Cambio (JxC), una coalición que sólo existe a nivel de los ejecutivos provinciales y que mantuvo el viernes pasado una reunión con el ministro Francos.

Si bien Francos indicó al terminar el encuentro que se trató de "una excelente reunión con quienes manifestaron su apoyo a la ley", los mandatarios plantearon también que defenderán los intereses de sus provincias ante modificaciones que afecten lo fiscal, la producción y el desarrollo económico.

Advirtieron que no van a acompañar la reforma en la Ley de Pesca, ni el aumento de retenciones, ni las modificaciones a la ley de biocombustibles, y plantearon su desacuerdo con la reforma política, con la que podría verse afectada su representación en el Congreso, puntos que coinciden con lo expuesto en el semáforo de la UCR.

El plenario de comisiones de Diputados que analiza el proyecto de ley retomará su trabajo mañana a las 10 con la recepción de los testimonios de empresas, asociaciones, ONG's y sectores alcanzados por lo dispuesto en dicha iniciativa.