El próximo 31 de enero vence el congelamiento de precios de alquileres y la suspensión de desalojos que había establecido el Gobierno al comienzo de la pandemia y que había sido extendida en septiembre, por lo que desde Casa Rosada evalúan extender nuevamente el plazo, aunque sin definiciones concretas de por cuánto tiempo más.

Así lo vienen pidiendo distintas agrupaciones de inquilinos, ante la emergencia sanitaria y principalmente económica que deja el paso del Covid-19. “Se está trabajando en una prórroga del decreto, lo que no está confirmado es el plazo”, explicaron fuentes oficiales al matutino porteño Página/12. Se trata del decreto 320, que había sido publicado a fines de marzo y se renovó en septiembre.

La medida está siendo analizada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que encabeza Jorge Ferraresi, y la Jefatura de Gabinete, con Santiago Cafiero y Cecilia Todesca Bocco. En la última prórroga, en los considerandos del decreto se explicaba que la medida había sido tomada para evitar el “agravamiento de la problemática respecto de la vivienda”, ante la caída de los ingresos por la merma de la actividad.

Según datos de la Federación de Inquilinos, las familias destinan más del 50 por ciento de los ingresos para el pago de la renta. En la última encuesta realizada en diciembre, un 40 por ciento declaró que no pudo pagar o lo hizo parcialmente. Además, hay un 40,8 por ciento que tiene al menos un mes atrasado.

Una de las posibilidades es extender solamente durante febrero la medida. “Extender el decreto solo un mes es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo. Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplacistas. A más de seis meses no se han reglamentado varios artículos de la ley de alquileres, no hay control de su cumplimiento ni una campaña de difusión de derechos”, señaló al portal Infobae Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados.

Por su parte, lo que sí podría descongelarse son los pagos de los hipotecados con crédito UVA, que a partir de febrero deberán adherirse a un plan de convergencia para retomar el pago de las cuotas.

El Gobierno trabaja en la extensión del congelamiento de precios de los alquileres y también mantendrá suspendidos los desalojos por falta de pago. La medida vencía el 31 de enero y será prorrogada, aunque todavía no está confirmado hasta qué plazo. Se trata de un pedido de las agrupaciones de inquilinos, ante la emergencia económica y sanitaria. En tanto, lo que podría llegar a su fin es el congelamiento para los hipotecados con crédito UVA, que a partir de febrero deberán adherirse a un plan de convergencia para retomar el pago de las cuotas.