El asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios encargados de la redacción del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el Gobierno nacional, defendió la iniciativa, dijo que busca “marcar un cambio de rumbo” y cuestionó las protestas que se desarrollaron tras la difusión de la cadena nacional del presidente Javier Milei.

“El DNU es un mecanismo institucional, Alberto Fernández no sé cuántos emitió, es un mecanismo que está en la Constitución”, afirmó Sturzenegger en declaraciones a radio Mitre, en las que agregó que el DNU "exige una emergencia y la emergencia que vio el Presidente es la necesidad de marcar un cambio de rumbo”.

En este sentido, el funcionario opinó también que “hay que dar una señal clara y contundente que Argentina se encamina en otra dirección”.

En cuanto a los cacerolazos y protestas con epicentro en la Plaza Congreso, que se registraron anoche, Sturzenegger dijo irónicamente estar “impactado” por lo “rápido" que los manifestantes leyeron el DNU.

“Uno de mis ayudantes me escribió y me dijo que nunca vio a tanta gente protestar porque les dan más libertad”, agregó al respecto.

“La Argentina es un país demasiado estable en su sistema de casta: si vemos los actores de la política, el sindicalismo o los empresarios podemos sacarles una foto y ver que son los mismos personajes año tras año”, dijo.

"ESTAS COSAS PASAN CUANDO SE TOMAN MEDIDAS"

El secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Javier Herrera Bravo, expresó que el decreto de necesidad y urgencia que establece medidas para la desregulación de la economía está "absolutamente" ajustado a derecho.

"Absolutamente", respondió Herrera Bravo al ser consultado por los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, antes de ingresar a la reunión del Gabinete nacional, sobre si el DNU 70/2023 anunciado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial se ajustaba a derecho, ante los cuestionamientos que recibió la iniciativa de parte de distintos abogados constitucionalistas.

Ante otra pregunta sobre la viabilidad de la norma, el funcionario contestó: "Una acción de inconstitucionalidad, una acción de amparo, puede presentar cualquier ciudadano y la Justicia resolverá".

"Estas cosas pasan cuando se toman medidas, siempre hay alguien que puede estar en desacuerdo y la justicia resolverá", agregó Herrera Bravo.

Por último, recordó que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "tiene 10 días para comunicar al DNU al Congreso", concretamente a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Asimismo indicó que la clave del decreto es fomentar la “competencia” y, en este sentido, consideró que “el cambio que propone Milei no le dice a los sindicatos que no tengan obras sociales, sino que compitan, porque la competencia los hará mejores”.

Al dar otro ejemplo de los contenidos del decreto, expresó que “cuando decimos que se receten genéricos le estamos diciendo a los laboratorios que van a competir, y cuando decimos cielos abiertos no le decimos a Aerolíneas (Argentinas) que dejen de volar, sino que compitan”.

Sobre la aerolínea de bandera, aclaró que el decreto no establece un traslado del paquete accionario de la empresa a los trabajadores, y dijo que “prepara el marco legal por si Milei quiere avanzar en ese sentido”.

“Las sociedades del Estado -amplió- se transforman en anónimas, pasan a tener las características de cualquier sociedad”.

Al respecto, señaló que “en la década del 80' YPF concentraba la mitad de la deuda del país, y cuando YPF empieza a cotizar en bolsa ya no tiene ese problema”.

Sobre la posibilidad de que los empleados de empresas públicas pasen a manejar esas compañías en el futuro expresó que “las leyes que están asociadas a la estatización de Aerolíneas decían que los empleados pueden tener el 10 por ciento de las acciones, y el decreto prepara el terreno legal por si el Presidente quiere avanzar en ese territorio y permite que los empleados puedan tener el 100 por ciento de esas acciones”.

Sin embargo, reiteró Sturzenegger, “no es una decisión tomada darle Aerolíneas a sus trabajadores”.

Al señalar cuál es el cambio más importante que establece el DNU a su criterio, el asesor presidencial señaló el cambio en el artículo 958 del Código Civil y Comercial, que permite “recuperar la libertad de comerciar, de pactar contratos entre las partes".

El DNU deroga "algunas cosas residuales" de la ley de Promoción Industrial

El asesor presidencial también se refirió a los alcances del artículo 158, la derogación de la ley 21.608 de Promoción Industrial, y señaló que en los hechos se limita a la eliminación de "algunas cosas residuales" del cuerpo normativo promulgado en 1977 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, que hasta hace una década favoreció a la radicación de compañías en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.

La decisión no implica cambios en la ley 19.640 de Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, recientemente prorrogado hasta 2028.

Al respecto, el presidente Javier Milei aclaró por la misma emisora que en el caso de la industria fueguina "hay derechos adquiridos".

Fuentes de los gobiernos de las cuatro provincias involucradas señalaron a Télam que, en cuanto a los efectos prácticos, la ley "caducó en 2012", y que en los 35 años desde su sanción hasta ese año "tuvo sus idas y vueltas", con varias modificaciones que, además, tuvieron un impacto adicional por las sucesivas subas en las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En ese sentido, diferentes gobiernos de la provincia de Mendoza expresaron sus críticas a la norma, por considerar que perjudicaba la radicación de empresas en la provincia al favorecerla en los Estados vecinos.

Entre los varios temas que abarca, el DNU incluye la derogación de la ley de Promoción Industrial en el Título IV, reservado a la Bioeconomía, y además de una cita en los considerandos, se limita a señalar en el artículo 158: "derógase la Ley N° 21.608".

Entre los fundamentos para su derogación, junto con otras leyes, el DNU considera que "es imprescindible facilitar la operatoria económica eliminando los obstáculos que han introducido diversas leyes en el libre funcionamiento de los mercados mediante una indebida injerencia del Estado".

LA LEY DE 1977

Entre los objetivos de la ley de 1977 figuran los de "alentar el desarrollo regional procurando una equilibrada instalación de industrias en el interior del país" y "fomentar la mejora de la eficiencia de la industria, por modernización, especialización, integración, fusión, economía de escala, o cambios en su estructura, cuidando de no facilitar el establecimiento de un poder monopólico u oligopólico en los mercados de que se trate".

Asimismo, buscaba "propiciar la instalación de nuevas actividades industriales en las áreas y zonas de frontera", así como "impulsar el desarrollo de industrias necesarias para la seguridad y defensa nacional" y "facilitar el traslado de industrias ubicadas en zonas de alta concentración urbana".