La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, reafirmó hoy la "plena vigencia" hasta el 30 de septiembre del decreto que prohíbe efectuar desalojos y rescindir contratos de alquiler, a la vez que ratificó que se deben mantener los valores vigentes a marzo de los contratos.

"El Gobierno quiere plantear con absoluta claridad que el Decreto de Necesidad y Urgencia 320, tiene plena vigencia con fuerza de ley hasta el 30 de septiembre, y por lo tanto todas las normas fijadas allí siguen en pie", afirmó la ministra Bielsa en declaraciones a Télam efectuadas esta noche.

En el marco de la emergencia pública establecida por la Ley 27.541, el 29 de marzo se publicó el Decreto 320 que estableció la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres, y habilita el pago en cuotas a partir del 30 de septiembre en las deudas que se puedan acumular por mora o las diferencias de contrato, entre otras medidas.

"Ante la autorización para que las inmobiliarias vuelvan a desarrollar sus actividades y se permitan realizar mudanzas en distintos puntos del país, es necesario llevar tranquilidad a los inquilinos y asegurarles que todos los resguardos que contempla el decreto siguen vigentes", reafirmó Bielsa al aclarar las preocupaciones recogidas en los últimos días.

Si bien el Ministerio no es órgano de aplicación del Decreto, la funcionaria planteó la necesidad de llevar adelante espacios de mediación para las situaciones conflictivas que se puedan generar en el actual contexto, con la intervención de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, las Defensorías del Pueblo o las dependencias de familia de municipios o provincias.

"Están todos claramente protegidos, no sólo los inquilinos de viviendas, sino también aquellos vinculados a la industria, los comercios, las pymes, las cooperativas y entidades y todos aquellos sectores más vulnerables que pueden ser más fáciles de presionar en una relación contractual informal", detalló la ministra.

A partir de esta apertura, el Ministerio recibió consultas por casos que le permitieron afirmar a Bielsa que "el decreto y esta situación de aislamiento dejaron exhibir una informalidad ya conocida" y que se expresaba con contratos no declarados o relaciones muchos más informales, como las que se registran en hoteles, pensiones, construcciones precarias o hasta alquileres de habitaciones.

Para analizar los aspectos derivados del decreto, Bielsa mantendrá el jueves una nueva ronda de reuniones con las asociaciones de inquilinos de todo el país, cámaras inmobiliarias y desarrolladores para asegurar "que la protección del Estado llegue a todos los inquilinos en problemas, en particular a los que suelen ser presionados de una manera ruin y que pueden terminar en la calle":

En esos encuentros también forma parte de la agenda la Ley de Alquileres que espera la reanudación de la tarea legislativa para su tratamiento en el Senado, ya que en Diputados contó con amplio respaldo.

Bielsa reseñó los alcances del DNU 320 sobre diferentes situaciones vinculadas a problemas con los medios de pago para los alquileres, extensión o iniciación de contratos, así como la posibilidad de realizar mudanzas e intentos de desalojo.

En ese sentido, insistió en que el Decreto 320 estableció que no se pueden efectuar desalojos ni rescindirse contratos hasta el 30 de septiembre, y en el mismo sentido, aclaró que los precios de los alquileres siguen fijados al valor de marzo y, de generarse deudas, se pagarán recién en octubre en 3 o 6 cuotas.

Los inquilinos, además, pueden exigir los datos bancarios a fin de que se les garanticen los medios para el pago de los alquileres, y en los casos de pago por transferencia o depósito no puede sufrir aumentos ni penalizaciones.

En tanto, los contratos de alquiler que se vencieron luego de iniciada la cuarentena -el 20 de marzo- quedaron prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre.

También aclaró que no puede exigirse el pago de contratos de alquiler de unidades alcanzadas por el DNU que debieron comenzar durante el aislamiento obligatorio, pero no pudieron llegar ser ocupadas dada la imposibilidad de traslado y mudanza.

De esta manera se busca asegurar que el inquilino no se vea necesitado de pagar doble alquiler durante la actual coyuntura sanitaria.