La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la prisión preventiva al detenido falso abogado Marcelo D'Alessio y rechazó concederle arresto domiciliario mientras tramita el juicio en su contra por presunta asociación ilícita, extorsión y lavado de activos.

El máximo tribunal penal federal del país reiteró su directiva para que el debate oral se desarrolle con "celeridad" ante el Tribunal Oral Federal 8, que comenzó a juzgar a D'Alessio el 12 de septiembre pasado, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

La defensa oficial del detenido insistió con la excarcelación o el arresto domiciliario y remarcó que el Tribunal Oral fijó audiencias una vez por semana, los martes, y convocó a más de 150 testigos, con lo cual el debate duraría al menos un año.

Los camaristas de la sala II de Casación Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Gustavo Hornos reiteraron su directiva para que "el Tribunal imprima celeridad al desarrollo del debate".

D'Alessio está detenido desde el 15 de febrero de 2019 en esta causa y ya fue condenado a cuatro años de prisión por el intento de extorsión a un empresario, Gabriel Traficante, en el que fue el primer juicio oral en su contra.

Casación ratificó su prisíón preventiva por riesgos procesales ante "los contactos y recursos" con que podría contar

D'Alessio es juzgado junto a otros ocho acusados en la causa que investigó pedidos de dinero a empresarios y otras víctimas para no involucrarlos en causas judiciales.

El falso abogado está detenido en la cárcel de Ezeiza procesado por integrar una asociación ilícita que se dedicaba, entre otras actividades, a recabar información de modo ilegal para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.

El Tribunal está integrado por las juezas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y el juez Nicolás Toselli.

A los procesados se los acusa de haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que "planificó" y, en algunos casos, "ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación", según el requerimiento de elevación a juicio.