El detenido falso abogado Marcelo D'Alessio seguirá con prisión preventiva por decisión de la Cámara Federal de Casación, que avaló una prórroga de seis meses y encomendó al Tribunal que prepara el juicio por espionaje ilegal dar "celeridad" al proceso.

El debate oral comenzará el próximo 12 de septiembre a cargo del Tribunal Oral Federal 8 de la ciudad de Buenos Aires contra el falso abogado y otros procesados en esa investigación por extorsiones y espionaje ilegal, informaron fuentes judiciales.

Ante ello, Casación avaló una nueva prórroga por seis meses de la prisión preventiva impuesta a D'Alessio, quien llegará así preso al inicio del debate.

Además encomendó al Tribunal que "con la mejor utilización de las herramientas tecnológicas a su disposición garantice el comienzo del debate en la fecha señalada" y que una vez iniciado "imprima celeridad a su desarrollo", según la resolución de los camaristas Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos y Angela Ledesma.

Las causas de D'Alessio

El falso abogado está detenido en la cárcel de Ezeiza desde 2019 procesado por diez hechos de extorsión y lavado de dinero cometidos como parte de una asociación ilícita.

En 2021 afrontó un primer juicio oral en el que resultó condenado a cuatro años de cárcel por un intento de extorsión a un empresario, Daniel Traficante.

En el nuevo debate que comenzará el 12 de septiembre, serán juzgados otros procesados, entre ellos el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y el excomisario bonaerense Norberto Degastaldi, por nueve casos de asociación ilícita y extorsión.

El décimo caso que se les imputa es lavado y está vinculado a la existencia del grupo de WhatsApp "Buenos Aires", hallado en el teléfono celular de D'Alessio, a través del cual un grupo de personas coordinaba acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.

Todos están acusados de haber formado parte de una asociación ilícita desde 2016 a febrero de 2019 que "planificó" y, en algunos casos, "ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación", según el requerimiento de elevación a juicio.

El primer caso corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación y a quien le habría exigido 300.000 dólares para no involucrarlo en el llamado "caso Cuadernos".